Hace más de 48 horas que estamos tratando de reunirnos con el ministro del Interior, pero no nos atiende”, declaró Nilda Eloy (Argenpress, 23/9), testigo de cargo contra Miguel Etchecolatz junto con el desaparecido Jorge Julio López. Toda una definición ese silencio y esa borratina del responsable de la cartera política de Néstor Kirchner.
Eloy, se sabe, fue compañera de López en el campo de concentración dirigido por Etchecolatz y, como aquél, torturada personalmente por ese criminal.
Eloy dice también que durante todo el juicio ella y López recibieron amenazas mediante llamados telefónicos terroristas que les hacían escuchar grabaciones de sesiones de tortura. Ella explica que no les dio importancia, que las consideró “un apriete más”. Tiene su lógica el razonamiento de la compañera: en general, las amenazas no se hacen para ser cumplidas sino, simplemente, para recordarnos que ellos siguen ahí.
Ahora, eso cambió. Ahora, se ve, han decido echar mano a la vieja fórmula norteamericana: “Si la bomba atómica produce tanto miedo, es porque una vez la tiramos”. Advierten con sangre cuál será el destino potencial de futuros testigos.
Hacia una crisis de Estado
Dicen que Kirchner sufrió una crisis de nervios al enterarse en Nueva York de la desaparición del compañero López, mientras Fernández se negaba a recibir a Eloy y Felipe Solá hacía lo propio con quienes manifestaron el 22 de septiembre en La Plata; en cambio, sí atendió al día siguiente a representantes de una manifestación de “piquetruchos” oficialistas y, en una conferencia de prensa que ofreció junto con León Arslanián, se rasgó las vestiduras al hablar del “amigo López” y del “ataque a la democracia” que según él significa el secuestro del viejo militante de una unidad básica conducida por Montoneros en su ciudad, Los Hornos, muy cerca de La Plata.
Tiene motivos Kirchner para alterarse en su habitación de 15.000 dólares diarios en un hotel lujoso de Nueva York, por más que le hayan permitido tocar la campanita en Wall Street. Tienen motivos Solá y Arslanián para asustarse, y Fernández para ocultarse: este caso los pone a las puertas de una crisis de Estado, que obliga a exigir, por lo menos, la inmediata renuncia del titular de Interior, del gobernador bonaerense y de su ministro de Seguridad.
En principio, al abordar la cuestión del secuestro de López, el gobierno parte de una mentira que invalida cualquier argumento posterior: éste constituiría el primer caso de “represión ilegal” desde la salida de la dictadura militar. No es cierto: sólo las jornadas del 19 y 20 de diciembre se llevaron más de una treintena de muertos, y son bastantes más los piqueteros asesinados por la represión policial. ¿No fue “represión ilegal” el incendio intencional de la casa de Vanina Kosteki, precisamente en Los Hornos, o el secuestro y tortura de Indiana Reyes, dirigente del Polo Obrero, por citar sólo dos casos? ¿No hay en las cárceles argentinas centenares de presos políticos, encarcelados por pelear por trabajo? ¿Cómo habría que llamar a la ocupación militar de Las Heras, en Santa Cruz, para reprimir la lucha de mineros y desocupados? Y no olvidamos a los asesinados por Menem, como Víctor Choque o Teresa Rodríguez, entre tantos otros. ¿Estos tipos nos van a hablar ahora de “defensa de la democracia”?
Sin embargo, entre toda la represión ejercida contra las masas a partir de 1983 y el secuestro de Jorge López hay, en efecto, una diferencia cualitativa.
Los dinosaurios viven
Los gases, las balas, los palazos y la acción de grupos de tareas y fuerzas de choque se aplicaron hasta ahora en defensa de las políticas de los sucesivos gobiernos, incluido el actual, contra la resistencia que el pueblo empobrecido ejerció y ejerce contra ellas. En el caso de López, en cambio, reaparecen los antiguos represores de la dictadura ya no en defensa de nuevos patrones sino de su propio accionar del pasado; esto es, apuntaron a promover una crisis política y lo han conseguido largamente. Ya no nos hacen saber mediante el teléfono que siguen ahí, ahora lo demuestran por medio de la acción directa, del asesinato, y van incluso contra el gobierno, ya no en su defensa.
Desde 1983, la política burguesa en la Argentina tiene su centro en recomponer la autoridad política de un Estado tambaleante tras la expulsión de la dictadura, lo cual significa, en primer término, recomponer las fuerzas armadas y de seguridad.
Eso no podía salir gratis, porque esas fuerzas armadas habían dejado la economía nacional en estado de ruina y, colmo de males, perdido una guerra en vergüenza, que dejó al desnudo la cobardía indecible de los mandos militares argentinos además de su incapacidad, y todo eso sin siquiera empezar a hablar del genocidio que cometieron al servicio de los intereses de monopolios extranjeros y nacionales.
Esa recomposición tenía su precio, por eso el generalato de la dictadura debió soportar el Juicio a las Juntas en 1985, más allá de las limitaciones de ese juicio y más allá incluso de que aquel proceso tuviera por objetivo resguardar a la institución militar; esto es, resguardar la impunidad.
Los dos primeros alzamientos de los carapintada obtuvieron su propósito y obligaron a Raúl Alfonsín, como él mismo confesó en el juicio a Etchecolatz, a dictar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final bajo la presión de las sediciones castrenses. Podría haber hecho otra cosa, por supuesto, pero eso iba más allá de sus límites de clase y sobre todo de los objetivos de su propia política: por eso negoció, y hasta renunció a emplear el poder de fuego que efectivamente tenía, al impedir que el general Oscar Alais llegara a tiempo con su unidad de tanques a reprimir la asonada de Aldo Rico y compañía. Esas sublevaciones contribuyeron a la recomposición de las Fuerzas Armadas, por eso fueron toleradas y se les hicieron las concesiones que todos conocemos.
En cambio, el levantamiento de Seineldín en 1990, a su modo, con su conducción de fascistas, se dirigió contra el menemismo alsogaraizado: fue repudiado por Rico y bombardeado, y sus jefes terminaron presos.
El precio que se niegan a pagar
Ahora, tres décadas después, el paquete empieza a terminar de cerrarse con el juicio a unos pocos gerontes. Hasta el momento fueron condenados “El Turco Julián” y Etchecolatz, mientras más de la tercera parte de los jefes de la represión ya ha muerto de pura vejez en la tranquilidad de sus camas. De los demás, apenas un puñado de cabezas de turco se han entregado a los jueces.
Pero el secuestro de López le ha roto el nudo al paquete que tanto costó hacer.
Siguen ahí.
En primer lugar, la mira queda puesta sobre los primeros policías bonaerenses “purgados” por Arslanián en tiempos de la gobernación de Duhalde, como los criminales que ahora componen la fuerza de choque que rodea a Juan Carlos Blumberg: Seimandi, Attardo, Jorge Gómez y tantos otros que formaron parte de las patotas de Klockzyck, Verón y compañía.
Por supuesto, esos tipos nunca perdieron contacto con aquellos que seguían y siguen con la gorra puesta, dedicados a organizar el delito en todos los rubros que incluye el Código Penal.
Frente a esas fuerzas de choque, el gobierno es del todo impotente, incapaz y cobarde. Suya es la principal responsabilidad de lo sucedido, porque nadie mejor que los gobernantes sabe que los tipos siguen ahí. Tanto lo saben que más de una vez los usaron en su propio servicio, los apañaron, los endulzaron y fracasaron sistemáticamente en todos sus intentos, fuese por el garrote o la zanahoria, para ponerlos en caja. Al Estado argentino se le han ido de las manos sus propios organismos de represión, los de antes y los de ahora, como indica cruelmente el dato atroz de los casi 500 chicos asesinados por el “gatillo” fácil desde 1983.
Se trata, pues, de sostener con la movilización la constitución urgente de una Comisión Independiente para investigar el secuestro de López, exigir su aparición vida y que vayan en cana todos los que tengan que ver con esta aberración. Y que renuncien ya mismo Aníbal Fernández, Solá y Arslanián, aunque ése sea apenas el primer pequeño paso de un largo camino.
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