Telefónica ha vuelto a burlarse de sus trabajadores y usuarios. Una reciente asamblea de accionistas aprobó una reducción del 60% de su capital, por un monto de 336 millones de dólares. La empresa que dice no poder pagar a sus tercerizados el salario del convenio telefónico y que continúa reclamando aumentos de tarifas de la telefonía fija, ha encontrado la vuelta para girar fondos a su casa matriz (Telefónica de España) por casi 350 millones de dólares.
“La reducción del capital, dice un operador bursátil, es una manera elegante de llevarse la caja sin provocar una reacción en contra” (El País, 17/9). Con la reducción de capital, Telefónica retoma la remesa de utilidades a España, suspendida después de la devaluación de 2001. Entre 1990 y 2001, Telefónica reembolsó a su matriz 2.355 millones de dólares (un promedio de 196 millones anuales). La actual reducción, a la que la mayoría de los analistas bursátiles califican como un “dividendo extraordinario” (ídem), no sólo retoma el reembolso de utilidades sino que, además, lo hace por un monto cercano a su promedio histórico.
La “caja” acumulada por Telefónica, dicen los analistas, muestra la “recuperación” de la empresa después de la devaluación. Lo que muestra, en realidad, es el saqueo de sus usuarios y la superexplotación de sus trabajadores. Los servicios de mayor crecimiento y valor agregado que presta Telefónica —telefonía celular e Internet de banda ancha– se encuentran completamente desregulados, por lo que los precios que impone y las condiciones del servicio que presta son determinados unilateralmente por una empresa que opera en condiciones de virtual monopolio. Al mismo tiempo, los nuevos servicios (e incluso la ampliación de las redes de telefonía fija) se realizan con trabajadores tercerizados, con salarios muy inferiores a los del convenio telefónico.
Telefónica podría haber usado esa “caja” para reducir su endeudamiento, que asciende a casi 700 millones de dólares (la mayor parte del cual está contraído con la propia casa matriz). “Podría haber reducido deuda, pero la devolución de capital luce mejor a los ojos del holding”, dice otro analista (ídem). El riesgo pasa del patrimonio propio a los acreedores. También reduce el ámbito de una nacionalización.
La reducción de la caja de la empresa -que es la contrapartida de la reducción del capital accionario- es una medida dirigida, en parte, a neutralizar los reclamos de los trabajadores. ¿Cómo podría una empresa que tiene semejante caja líquida y que está acumulando semejantes beneficios aducir que le resulta imposible pasar a sus trabajadores tercerizados al convenio telefónico? También va contra los usuarios. ¿Cómo podría justificar, con semejantes ganancias, el reclamo de nuevos aumentos de tarifas?
Esta gigantesca “desinversión” no ha recibido el menor comentario oficial. Esto a pesar de que en el acuerdo firmado en febrero entre Telefónica y el gobierno, la empresa se había comprometido a invertir 318 millones de dólares; a cambio de esta promesa de inversión (y de la “suspensión” temporaria del litigio en el Ciadi), el gobierno la autorizó a aumentar las tarifas de la telefonía fija (en el horario de 20 a 21 horas) y a dolarizar las llamadas internacionales. Siete meses después, Telefónica “desinvierte” 336 millones de dólares y el gobierno hace que mira para otro lado.
“Argentina vuelve a sonreír a Telefónica” (El País, 17/9). No es para menos. El saqueo sigue.
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