Una mañana tranquila se convirtió en ira colectiva en el barrio “80 Viviendas” de Tartagal, cuando Aguas de Salta, sin previo aviso, comenzó con la colocación de medidores.
Las amas de casa se sorprendieron porque les habían cortado el suministro para su instalación. Esta arremetida de la empresa tiene la venia del gobernador Romero, de sus diputados y del Ente Regulador. La avanzada empresarial quizás partió de la concepción de que las masivas asambleas de principio año donde fuera votada por unanimidad la consigna “¡Fuera Aguas de Salta!” había quedado en el olvido. En aquel momento, al Concejo Deliberante no le quedó más remedio que votar la Declaración presentada por el PO que planteaba la rescisión del contrato con Aguas de Salta y el inicio de acciones legales en contra de una empresa que atenta contra la vida de las personas por los altos grados de contaminación del agua.
La reacción de los vecinos se extendió a otros barrios y se pusieron en marcha las convocatorias a asambleas donde ya se votaron medidas de acción directa en contra de la instalación de los medidores. Romero insiste en mantener a una empresa que sólo funciona con los subsidios del Estado, perdonándole las multas y aceptando el recorte de los planes de inversión a un tercio de lo planificado. El destino de Aguas de Salta va a ser el mismo de Aguas de Illimani en Bolivia, donde masivas movilizaciones en El Alto terminaron por echar a la empresa. O el mismo de Aguas del Aconquija de Tucumán, que debió soportar el boicot de más de 9 meses que le realizó la población y debió “retirarse”. O el de la conocida Suez, que se fue sin poner un peso y ahora quiere cobrar en el tribunal internacional Ciadi.
El poder político apadrina a las empresas; el usuario, que se joda. Todos los salteños debemos volver a exigir la rescisión del contrato con Aguas de Salta para ponerla bajo control de los trabajadores y las organizaciones vecinales.
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