Budge tiene una triste historia de asesinatos policiales. La llamada “masacre de Budge”, en 1987, inauguró la oscura saga del “gatillo fácil” post-dictadura: fue el primer caso que tuvo trascendencia bajo el régimen democrático.
En aquella ocasión, tres pibes de entre 19 y 26 años fueron fusilados de 30 disparos policiales en una esquina mientras tomaban una cerveza.
La masacre sigue
La impunidad dio luz verde para que la Policía se sintiera amparada por el Poder Judicial y los fiscales, y siguiera cobrándose víctimas sistemáticamente.
Al menos otros cuatro casos han ocurrido en el último año, en un radio de no más de cinco o seis cuadras alrededor del boliche Petrus, ubicado sobre la calle Olimpo, a metros de Camino de Cintura.
El más resonante fue el caso de Gabriel Arévalo, de 20 años, asesinado por tres policías de la Comisaría de Villa Centenario, el pasado 22 de julio, a la salida del boliche. La movilización del barrio fue tan contundente que los policías fueron arrestados. Las pericias balísticas y los testimonios de más de media docena de testigos dieron por tierra con su coartada, el clásico “falso enfrentamiento”.
Apenas diez días más tarde, Rubén Galarza, de 16 años, fue asesinado de tres tiros por la espalda por un policía de la Federal. El asesino levantó el cuerpo malherido del chico y lo cargó en su auto particular, mientras éste todavía pedía auxilio. Luego fue hallado muerto. El asesino continúa libre y los testigos han sido amenazados de muerte.
Meses antes, habían sido asesinados Marcelo Avalos, de 16 años, y Mariano Godoy, de 18. Marcelo fue asesinado de un disparo en la nuca, a manos de un efectivo de la comisaría de Puente La Noria. El asesino sigue suelto. Mariano fue asesinado por la espalda, el pasado 6 de abril, mientras caminaba por la calle 10, a una cuadra de Petrus, por un oficial, también, de la Comisaría de Puente La Noria. Los testigos que declararon a favor de la víctima, amenazados, desaparecieron del barrio. El asesino continúa en libertad y prestando servicio.
¿La proyectada marcha de Blumberg y Castells por las barriadas de Budge pedirá más poderes para estos verdugos de la juventud obrera?
El “gatillo fácil” es la expresión trágica y cobarde de un régimen en putrefacción, incompatible con la libertad y la vida misma de la juventud trabajadora.
Necesitamos poner en pie un amplio movimiento de lucha por la cárcel inmediata para todos los asesinos, la disolución de los aparatos represivos y el control obrero y popular sobre la seguridad.
Desde la masacre de Budge, existe registro de entre 2.000 y 3.000 casos de asesinatos en las calles, en comisarías y cárceles, a manos de efectivos de alguna fuerza de seguridad. Se trata, sin embargo, de los casos efectivamente denunciados. Existen muchos más.
Hace pocos días, se dio a conocer el arresto de uno de los asesinos, Jorge Miño, prófugo durante ocho años. Miño “escapó” de los tribunales poco antes de que los jueces leyeran la sentencia en su contra. El juicio contra los tres policías implicados se realizó recién en 1994, tras un primer juicio anulado en 1990, los asesinos fueron beneficiados con la libertad hasta que hubiera sentencia firme, recién en 1998 (once años después de la masacre). Para ese entonces, los tres se habían fugado.
De los tres acusados, sólo Miño se encuentra actualmente tras las rejas. Isidro Romero, que fue capturado tiempo después de quedar en firme la condena, desde hace dos meses se encuentra en libertad condicional. Ramón Balmaceda continúa prófugo.
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