El ministro del Interior de Francia, Nicolás Sarkozy, anunció que sólo un tercio de las 20.000 solicitudes de regularización de los inmigrantes “sin papeles” con hijos en escuelas francesas serán aceptadas. El resto, 14.000 familias, será expulsado.
El 13 de junio, Sarkozy había establecido una “directiva a los municipios” que fija las condiciones para que las familias con niños en edad escolar puedan acceder a la residencia: el chico tiene que haber nacido en Francia o ingresado antes de los 13 años, uno de los padres debe ser residente, debe asistir a la escuela, no tener vínculos familiares en el país de origen ni hablar la lengua materna. Además, se debe “tomar en cuenta la real voluntad de integración de las familias”.
Antes del vencimiento del plazo (y del estudio de los casos), las expulsiones ya comenzaron y los centros donde se alojan a las familias próximas a ser expulsadas se están llenado.
Las organizaciones que defienden a los inmigrantes denuncian que el número real de niños expulsados puede llegar a 100.000 (La Nación, 8/7). Denuncian, también, que ha comenzado la “caza de niños”. Como la ley prohíbe su expulsión mientras se encuentren cursando estudios, la finalización de las clases significa que miles de niños, pertenecientes a familias de “ilegales” podrán ser expulsados durante el verano.
Sarkozy, que pretende ser elegido presidente en 2007, convirtió “el combate contra la inmigración ilegal” en su principal tema de campaña.
Resistencia
Miles de ciudadanos están protagonizando una auténtica rebelión contra las expulsiones.
Al llamado de la organización RESF (Red de Educación sin Fronteras), miles de ciudadanos y organizaciones de diversa índole (desde colectivos formados por padres de diferentes escuelas hasta intendencias gobernadas por la izquierda) han “apadrinado” niños “ilegales” comprometiéndose a impedir su expulsión. Hay manifestaciones diarias en las escuelas y las alcaldías. Se han formado redes de padres que ocultan en sus casas a los niños en peligro de ser deportados para que la policía no pueda encontrarlos (aún al riesgo de multas de hasta 30.000 euros o cinco años de prisión). El 1 de julio, un día después del inicio del receso escolar, miles de franceses salieron a la calle en toda Francia “en movilizaciones tan grandes como las de los estudiantes y obreros contra el CPE (Contrato Primer Empleo)” (Clarín, 2/7).
La rebelión contra las expulsiones, sin embargo, no encuentra una expresión política en los partidos de la oposición o en los sindicatos.
Segolene Royal, principal candidata socialista para 2007, presentó su propio plan de represión a los “ilegales”.
En las reuniones convocadas para “apadrinar” a los niños de familias “ilegales”, los intendentes socialistas plantearon que sólo debía apadrinarse a quienes reunieran las condiciones de la circular del 13 de junio. El periódico Rouge (20/7), de la Liga Comunista Revolucionaria, relata que “el espíritu de los representantes de las cuarenta escuelas del distrito reunidos en la alcaldía era muy diferente. La mayoría rechaza el tratamiento ‘caso por caso’ y quiere apadrinar a todas las familias, incluso a los estudiantes mayores de 13 años. El 5 de julio, miles de personas se reunieron para una presentación colectiva de pedidos de radicación, a fin de obtener una radicación en masa”.
La CGT, por su parte, promete “medidas de fuerza” en el caso de que “un solo niño falte a clase en el inicio del ciclo en septiembre”. La burocracia no se ha dado por enterada de que ya hay niños que “faltarán” porque ya fueron expulsados.
Ninguna expulsión. Regularización para todos.
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