La patronal lanzó una última oferta: la suspensión de la mitad de los trabajadores por 180 días (pagándoles durante ese lapso el 70 por ciento del sueldo). La burocracia logró hacer pasar la propuesta en Chascomús, pero no en la planta de Pilar.
Pese al trabajo de desgaste (el conflicto ya lleva 19 meses) que realizan los delegados afines al sindicato, la asamblea general de Pilar rechazó las suspensiones.
Hay una conciencia extendida (forjada a través del trabajo incansable del activismo) de que esta propuesta es el pasaporte al despido definitivo. La promesa de que en 180 días se reactivaría la planta repite promesas anteriores. A lo sumo, como dejaron trascender algunos directivos, se acondicionaría la planta para la producción de leche en polvo, a partir de una asociación con un grupo venezolano. Pero aún en la mejor de las hipótesis (que se concretara esa variante), dejaría en la calle a gran parte del personal.
Siendo Pilar el sector más numeroso y estratégico en términos productivos, la decisión adoptada por la asamblea es fundamental. De acuerdo a los trascendidos, la burocracia de Atilra habría desconocido lo decidido en asamblea y dado su conformidad a la propuesta patronal.
En este escenario, el activismo está poniendo todo su empeño para derrotar a la burocracia. Hay una salida. Quien sobra en Parmalat es Taselli y no los trabajadores. Que el Estado se haga cargo de la empresa y la ponga a funcionar bajo la conducción de los trabajadores.
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