El gobierno bonaerense pasó de la euforia a la “preocupación por la difícil situación financiera”: en junio, la recaudación impositiva tuvo la peor performance en lo que va de 2006. “Se robustece la presunción de que será difícil alcanzar la meta de ingresos propios prevista en el Presupuesto” (El Día de La Plata , 12/7). Esta tendencia declinante obedece a la enorme evasión del impuesto inmobiliario rural, que no paga la oligarquía con el encubrimiento del propio gobierno.
La deuda “reestructurada”, que incluye el reconocimiento de los intereses vencidos entre 2002 y 2005, equivale a los recursos presupuestarios de 17 meses. En lo que va del año, la deuda aumentó 257 millones de pesos. Buenos Aires tiene previsto pagar durante este año un total de 3.500 millones de pesos en concepto de capital y de intereses, pero el refinanciamiento del Estado nacional se limita a 2.000 millones. Para tapar este rojo, el gobierno va a meter mano en los depósitos del Banco Provincia; o sea, a un nuevo operativo de vaciamiento.
Mar de fondo
El pueblo está obligado a pagar estos “desequilibrios”: el 65% de las escuelas bonaerenses se encuentran deterioradas y carecen de calefacción; faltan miles de enfermeras en los hospitales públicos. En los municipios hay una lucha contra los remates. La Comisión de Vecinos Afectados por los Apremios denunció unos 265 mil juicios en Lanús y 165 mil en Avellaneda (las municipalidades han indexado las deudas originales y entregado su cobro a estudios privados). Hay un constante aumento de las tasas municipales (en Pringles crecieron un 127%). Existe una disconformidad que es potencialmente explosiva.
También hay una virtual rebelión contra la contaminación. Las movilizaciones de los vecinos nucleados en el Foro Hídrico; la lucha contra los negociados con el tendido de cloacas (que deberán pagar los vecinos) en Hurlingham y Zárate; las denuncias de aguas contaminadas con nitratos en el Gran La Plata; la rebelión de los vecinos de Berazategui contra la subestación Rigolleau (“una fábrica de cáncer” por los efectos cancerígenos del PCB), son parte de este proceso de luchas. La instalación de los nuevos depósitos de relleno del Ceamse, por decreto y fuera del Conurbano, puede reactivar las movilizaciones en los distritos del interior bonaerense, que alcanzaron el año pasado la dimensión de verdaderas puebladas.
Otra cuestión candente es el aislamiento de las barriadas como consecuencia de la reducción de las frecuencias del transporte público y el aumento del boleto.
En La Plata, el “nuevo sistema de transporte” (armado para favorecer la concentración de las patronales del transporte y asegurarles recorridos rentables) ha incomunicado a los barrios provocando la caída de 44 ramales sobre un total de 70. En Bahía Blanca, el Concejo Deliberante votó un subsidio especial a las patronales, junto al aumento del boleto y la reducción de las tarifas especiales para los discapacitados. También hay movilizaciones en Mar del Plata.
En toda la provincia está planteada la lucha por un plan de obras públicas bajo control obrero y la Bolsa de Trabajo para emplear a los desocupados bajo convenio y en blanco.
Ajuste y cepo salarial
Solá reiteró que no habrá nuevos aumentos para los estatales y docentes a pesar del crecimiento del costo de vida. A los jubilados bonaerenses los ha dejado afuera del aumento de las jubilaciones mínimas otorgadas por el gobierno nacional.
Con esta misma intención quiso vetar el nuevo régimen jubilatorio para los bibliotecarios y preceptores, aunque debió dar marcha atrás.
El ajuste presupuestario golpea especialmente a los trabajadores municipales, los peor pagos de la provincia. Las intendencias quieren condicionar el miserable aumento a los municipales a un aumento general de las tasas. A la explotación de los trabajadores de “planes sociales”, que realizan tareas propias de los trabajadores municipales a cambio de un plus de hambre, se agrega ahora la reforma de la ley orgánica de las municipalidades, que pretende darle a cada municipalidad la “autonomía” para dictar su propio estatuto (se trata de liquidar el estatuto único y atomizar a los trabajadores).
Un aspecto sustancial de este ajuste salarial son las paritarias truchas acordadas con UPCN, Salud Pública y el Frente Gremial Docente (Suteba-FEB), que no discuten salarios y están condicionadas por la reglamentación del derecho de huelga. Después de haber encuadrado a los trabajadores de la salud como “servicio esencial”, Solá insiste con los docentes y los judiciales.
Reelección, corrupción y guerra de camarillas
El “operativo reelección” de Solá (un artificio jurídico insostenible) está provocando una crisis política. Kirchner lo desautorizó, mientras coopta directamente a los intendentes de la provincia. Como parte de esta crisis, Solá denunció que la detención de los funcionarios del Ministerio de Trabajo en Mar del Plata fue, junto a las amenazas a los testigos del crimen de Andrea Viera, un “ataque a mi gobierno”. Con la discusión de la reelección, Solá quiere contener a un gobierno que se va a plazo fijo, pero puede terminar acelerando su caída, en medio de una guerra de camarillas y crisis por la sucesión.
Kirchner ordenó fusionar al FPV con el PJ. El montaje del acto del 25 de mayo y el escenario reeleccionista aceleraron el engorde kirchnerista.
Una consecuencia natural de este proceso de cooptación es la corrupción y descomposición creciente de los aparatos. El “Bahía-gate” golpea al intendente Lópes, un hombre de Solá, acusado de coimas y fraudes. En Mercedes, el oficialismo se dividió entre felipistas y kirchneristas, y ha estalló un escándalo de corrupción que compromete al 90% de los consejeros escolares. En Junín, el intendente radical Meoni (otro borocotizado por el gobierno nacional) tiene que rendir cuentas por unas obras en el centro de la ciudad, que presumiblemente fueron sobrefacturadas y realizadas con material precario.
Otra consecuencia de la borocotización es la amenaza de división de la UCR. En Mar del Plata se reunieron treinta intendentes radicales, bajo la batuta del intendente Katz, que aprobaron (con la presencia del comité provincial) habilitar los frentes electorales por municipio. Katz, que suena como candidato a vicegobernador, encabeza el pelotón de intendentes radicales que buscan un frente electoral con el kirchnerismo. Todo esto está acelerando la disgregación de la UCR.
La oposición patronal está desarticulada. Levanta como bandera la “defensa del campo” y pretende prosperar a caballo de las convocatorias de la Sociedad Rural y la Carbap. Los límites de esta política son manifiestos porque, a pesar de los cacareos de la oligarquía, las ganancias son enormes y la clase capitalista de conjunto apoya al gobierno de Kirchner.
El Partido Obrero lucha por el salario, el trabajo y la vivienda, contra la degradación ambiental capitalista y por una alternativa obrera y socialista, para darle una expresión política a los trabajadores que luchan.
Enviar por correo electrónico
Imprimir esta página
