Después de la crisis planteada por las usurpaciones de viviendas en el Bajo Flores, el gobierno de Telerman intervino el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Entre los objetivos específicos planteados en el decreto, no aparece respuesta alguna para los desalojos cotidianos y crecientes, ni para los desalojados. Tampoco para colocar las tierras del Onabe o de la Corporación del Sur a disposición de las cooperativas de vivienda, que deben enfrentarse cotidianamente a la voracidad de la especulación inmobiliaria privada.
El decreto sí propone “acciones comunes con el Gobierno Nacional para impedir el establecimiento de nuevos asentamientos precarios” y “un sistema que anticipe (la adjudicación de las viviendas de los complejos habitacionales) al iniciarse la construcción”, así como “un mecanismo de seguridad que impida que los proyectos habitacionales sean intrusados en desmedro de los derechos de los adjudicatarios”. Se infiere de aquí que el gobierno acusa a las autoridades del Instituto por estas carencias. En realidad, las usa como “chivo emisario”. Digamos que el gobierno nunca encontró ni identificó a los responsables de la intrusión del Bajo Flores y que tuvo que admitir “irregularidades” en la adjudicación de los departamentos. La asignación de las viviendas en esos complejos se encuentra bajo control de un cuerpo de delegados electo y responsable ante los vecinos. Las intrusiones fueron de los punteros de
la Coordinadora de Villas, vinculada al Instituto, y que ha sido apadrinada desde Grosso a Ibarra. Si de “adjudicaciones” se trata, la única medida “transparente” sería disponer un censo general de todas las villas y, sobre ese padrón, la elección de delegados representativos. Por el contrario, Telerman recibió a los “burócratas villeros” del IVC para anticiparles la intervención del mismo. En ese cuadro, no sorprendería que la intervención golpee al Cuerpo de Delegados de
la Villa 1-11-14, y entregue las futuras adjudicaciones a la mafia de la “coordinadora de villas”.
El decreto de intervención propone “efectivizar las políticas de recupero con destino al financiamiento de nuevos planes de promoción de vivienda”. Pero con el pago de las deudas de los habitantes de los actuales complejos habitacionales, no se alcanza a financiar un plan de viviendas.
Los “superpoderes” dispuestos por Telerman plantean también “dinamizar la ejecución de operatorias destinadas a sectores medios y bajos que no tengan acceso al crédito bancario privado”. Esa es la forma “elegante” de decir que el IVC no “interferirá” en el mercado inmobiliario privado. El IVC y el Banco Ciudad están financiando obras del grupo Macri en Villa del Parque y Saavedra, en complejos que nada tienen que ver con la clase media baja. Juan Pablo Schiavi, ministro de Telerman y responsable de la intervención al IVC, fue vocero de Mauricio Macri en la última campaña electoral, y ministro de Grosso.
Los “superpoderes” de Telerman para el IVC no están diseñados para las demandas de los sin techo, sino para las urgencias de la “patria contratista”.
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