Los despedidos de la mina de oro y plata de Cerro Vanguardia, en el desierto central de Santa Cruz, están dando pasos fundamentales para resistir los despidos y poner de pie una organización sindical. En la mina se desempeñan, entre las distintas actividades, cerca de mil trabajadores.
Se ha producido una desafiliación masiva de Aoma, cuya burocracia actúa como agente de la empresa. Los compañeros han iniciado la tramitación para el reconocimiento del Sindicato Minero Santacruceño (Simisa) y han lanzado un boletín de informaciones, que recibió una gran acogida entre los trabajadores.
La Justicia contra los delegados
Mientras tanto, la Justicia reconoció el derecho de los delegados gremiales despedidos a realizar su actividad gremial. Los compañeros fueron despedidos tras ser acusados por la empresa de un “atentado” en el que fueron destruidas varias máquinas.
Sin embargo, la Justicia estableció que deben cumplir horario en una oficina sin poder acercarse a los frentes de explotación, al comedor minero, o compartir con los compañeros cuando salen de trabajar y se quedan a dormir en el lugar. Pretende que estos trabajadores, que viven en Río Gallegos, viajen cada día 500 kilómetros hasta Vanguardia y vuelvan a su casa. En la práctica, el fallo reconoce a la empresa el derecho a impedir la continuidad del trabajo de los delegados. El estudio de abogados que interviene en defensa de la empresa es el del doctor Ortiz de Zárate, uno de los pocos abogados “de confianza” de Kirchner, regularmente consultado en temas de gobierno.
Este fallo fue apelado por los compañeros.
Autoatentado
La compañía aseguradora de Cerro Vanguardia no se “tragó” la versión de la empresa sobre el “atentado”, la cantidad de máquinas afectadas y la forma en que ocurrieron los hechos. Fuentes de la propia empresa han reconocido que es imposible que el nivel de sabotaje denunciado pueda realizarse sin la orden (o por lo menos la colaboración) de la guardia y de altos funcionarios de la propia empresa.
Como consecuencia de su propia investigación, la aseguradora se estaría negando a pagar los seguros correspondientes. Cerro Vanguardia habría contratado específicamente un “seguro contra sabotajes realizados por el personal”. Pero si no hubo “sabotaje del personal” (y por eso la aseguradora no paga), los despidos son ilegales y los delegados deben ser repuestos de inmediato.
Si se comprobara que el sabotaje fue organizado por la propia empresa, podría ser causal de rescisión de la concesión, que con los precios internacionales del oro es una verdadera gallina de los “huevos de oro”. Por supuesto, la estatal Fomicruz, “socia” de Anglo-Gold en Cerro Vanguardia, no intentará avanzar en este sentido, seguramente... en defensa de los “intereses nacionales”.
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