El reclamo de los disidentes es el cese de los tratos vejatorios e inhumanos en las cárceles. Igual que en el caso anterior, el gobierno de Cuba niega los reclamos y acusa a los huelguistas de ser agentes del imperialismo.
Guillermo Fariñas es el más importante de los huelguistas. Es un periodista de 48 años, ex miembro del Partido Comunista. Fariñas, hijo de revolucionarios castristas, a los 12 años entró en la escuela militar Camilo Cienfuegos, donde se forman los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Raúl Castro le propuso personalmente integrar la misión militar cubana en Angola en 1979, para combatir la guerrilla pro-yanqui. Al volver fue escolta personal del general Arnaldo Ochoa, a cuyo fusilamiento se opuso en 1991. En 1993 entró a trabajar en el Hospital Pedro Castro de La Habana y denunció públicamente ante Fidel, en una visita al establecimiento, los planes de cierre del hospital. Fue electo entonces secretario general del sindicato del hospital por sus compañeros y denunció a las autoridades que negociaban los fármacos en el mercado negro.
Según diferentes despachos de prensa, el gobierno estaría negociando con López Zapatero el envío de Fariñas al exilio. Pero Fariñas se opone: pide que se “liberen a 26 presos políticos en graves condiciones de salud, para poner fin a su huelga de hambre” (Efe, 11/3).
Las principales ONG y las organizaciones anticastristas en Cuba han reclamado a Fariñas y a los otros huelguistas que levanten su medida (sin previas condiciones), como antes se lo pidieron a Zapata. Lula acusó a Fariñas de “delincuente”, como si esta condición privara a Fariñas y a otros huelguistas de los derechos que caben a los delincuentes. La sorprendente posición de Lula ha sido unánimemente interpretada como un manto de protección de los activos intereses comerciales que Brasil ha desarrollado en Cuba. Si se tiene en cuenta la situación de los presos por delitos comunes en Brasil, podríamos calificar cómodamente a Lula de violador serial de derechos de las personas. La violación de derechos de un delincuente o condenado convierte en delincuente a quien lo realiza o apaña.
“Contrarrevolucionarios” o “delincuentes”, la pregunta es cuánto castigo debe admitirse en tales casos y en qué condiciones cargar con las penas. El socialismo también se manifiesta en la calidad de la conducta hacia quienes quebrantan la ley, no puede ser más severa e inhumana que la que caracteriza a los peores regímenes capitalistas. Cuba no se encuentra, ni de lejos, en situación de guerra civil, que legitimaría la pena de muerte. Esta, sin embargo, se aplica en Cuba y en China, tanto a los delitos comunes como a los adversarios políticos. El socialismo ha estado siempre en contra de la pena de muerte. Como los gobiernos de Cuba y China no desconocen la posición histórica del socialismo a favor de los derechos de delincuentes y adversarios políticos, hay que convenir que el trato que les dan a éstos tiene un rol de intimidación y represión contra el conjunto del pueblo que discrepe con esos gobiernos. Ningún gobierno socialista puede ser más represivo que los gobiernos capitalistas.
No son admisibles los ‘guantánamos’ o ‘abu grahibs’; o sea, el juicio secreto o alguna forma de tortura.
Cuba tiene un serio problema con su propia burocracia, pues dos ministros fueron desplazados hace dos años por corrupción y complicidad con potencias extranjeras. Ahora fue depurado el presidente de la aeronáutica civil, el general de división Rogelio Acevedo, otro ex combatiente de Sierra Maestra y miembro fundador del PCC. La severidad con delincuentes reales o no, no parece detener la corrupción en la cima.
Así como reclamamos la expulsión de los yankis de Guantánamo, la extradición a Cuba del gusano Posada Carriles y la libertad de los cinco presos cubanos en los Estados Unidos, también reclamamos la satisfacción de los reclamos de la huelga de hambre de Fariñas; para que en Cuba y en todo el mundo nadie sea condenado sin un debido proceso público; que las penas sean proporcionales a la gravedad del delito; que las cárceles cumplan condiciones mínimas de higiene y buen trato; por el derecho a la inspección humanitaria internacional de cualquier centro de detención (y de todo tipo de presos).
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