Desde hace un par de meses, cuando un tribunal anuló una ley que le garantizaba inmunidad jurídica, el eje de la crisis política italiana son las causas judiciales abiertas contra Berlusconi. El gobierno de derecha, los jueces y la oposición de centroizquierda se acusan mutuamente de "utilización política" de las leyes, los decretos y los procesos judiciales -y es indiscutible que no les falta razón.
Ante la permanente impasse de la centroizquierda y la incapacidad de los "moderados" de la coalición de derecha de armar una alternativa, en las últimas semanas la iniciativa pareció volver a manos de Berlusconi. El primer ministro intentó aprovechar los incidentes que ocurrieron a principios de año en un pequeño pueblo del sur del país -donde miles de inmigrantes africanos debieron huir ante la persecución de bandas racistas amparadas por la mafia y las fuerzas represivas- para salir de la crisis política con una línea fascistizante. En la pelea interna que mantiene con Gianfranco Fini, que coquetea como candidato para un eventual recambio de gobierno, Berlusconi utilizó la crisis para reforzar su posición y acercarse a la Liga Norte, el elemento más derechista de la coalición gobernante.
El asunto dejó mal parado a Fini, quien es consciente de que abandonar a Berlusconi sin contar con un apoyo sólido entre las filas de la desdibujada centroizquierda implicaría poco menos que un suicidio político y, sobre todo, cuando faltan dos meses para unas elecciones regionales que difícilmente gane la oposición. La consecuencia fue el armado de un precario acuerdo con el primer ministro y la aprobación en el Senado de una ley que estipula la prescripción de aquellos juicios que no cuenten con una resolución dentro de un determinado período de tiempo. El objetivo, claro está, es que así quedarían automáticamente prescriptos los dos procesos que implican a Berlusconi; aunque en la volteada cayeron nada menos que otros cien mil juicios, que quedarán cerrados por el solo hecho de coincidir en los tiempos con los que le preocupaban al premier.
Un par de días después, sin embargo, y cuando la ley todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, la crisis volvió a estallar. Un tribunal de Milán abrió una tercera causa contra Berlusconi, esta vez por fraude fiscal y apropiación ilícita en una serie de operaciones fraudulentas con los derechos de su cadena de televisión. El mismo día se daba a conocer el procesamiento de 36 dirigentes de la Liga Norte, entre ellos un alcalde y un diputado, acusados por haber formado parte de las bandas parapoliciales conocidas como "camisas verdes", cuyo objetivo era la "subversión secesionista del norte de Italia" ("El País", 25/1).
La "judicialización" de la política italiana expresa el empantamiento de un régimen político que presenta una imparable tendencia a la desintegración. En este marco, lo que podría ser el empujón judicial final para terminar de clausurar, con una temporada entre las rejas, la carrera política de Berlusconi se ha convertido en una guerra prolongada entre la "Justicia" y el gobierno. Ya son varios los órganos del imperialismo y los referentes de la burguesía italiana que mostraron su preocupación por estas "batallas jurídicas" que impiden que el gobierno pueda "afrontar la crisis".
La precaria tregua entre Berlusconi y Fini más el anuncio de una coalición electoral en la mayoría de los distritos entre el Partido Democrático y el grupo del ex fiscal Antonio Di Pietro expresan el intento de llegar "atados con alambre" a unas elecciones regionales que marcarán el futuro escenario político -además de mostrar el carácter artificial de un "bipartidismo" proscriptivo que quiere imponerse a la fuerza: el Partito Comunista dei Lavoratori, integrante de la CRCI, está dando una lucha por superar las barreras legales y administrativas que se imponen a los partidos sin representación parlamentaria para poder presentarse a elecciones. En uno y otro bando de las alternativas capitalistas no predomina el amor sino el espanto ante la ausencia de una alternativa para el llamado "post-berlusconismo", en el medio de una crisis económica que no afloja y con la amenaza de una clase obrera que empieza a ponerse en movimiento. Luego de la huelga y las movilizaciones en puerta de fábrica que se realizaron en los últimos días, la Fiat anunció que suspenderá a todos los empleados en Italia durante dos semanas y lanzó un lock-out en la fábrica de Sicilia, que pretende cerrar definitivamente el año que viene.
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