Por las críticas de la Unión Industrial, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se vio obligado a revelar detalles del último cambio en el sistema de ART que muestran que esas modificaciones son más espuma que agua.
El decreto elimina “el tope de 180.000 pesos por el porcentaje de incapacidad laboral que regía desde el año 2000. Por ese tope, en forma creciente, las indemnizaciones se reducían porque, con las subas salariales, cada vez más trabajadores damnificados quedaban alcanzados por ese límite. A la vez se fijó un piso similar a esa cifra que hasta entonces no existía, que garantiza un mínimo a los sueldos inferiores a 1.800 pesos” (Clarín, 11/11). También aumentaron un 150% las sumas fijas que se pagan por los accidentes graves y mortales, que tampoco se habían modificado desde el año 2000.
Según Tomada, con esto se está corrigiendo un sistema calificado, por él mismo, de “mezquino” porque “las víctimas cobraban poco y en rentas bajas”.
¿Se terminó la mezquindad?
El aumento del 150% sobre las sumas fijas es inferior al aumento del 300% que hubo en la inflación desde el año 2000 hasta ahora. O sea, las nuevas sumas fijas en términos reales son más bajas que las que se pagaban nueve años atrás.
El cálculo de la indemnización se mantuvo sin cambios, pero ahora sin topes. Cuando se analiza el impacto de la eliminación del tope, más o menos coincide en el mejor de los casos con la inflación que hubo en todos estos años. El tope no aumenta la indemnización sino que elimina un descuento arbitrario y confiscatorio que tenían los trabajadores accidentados.
El piso es una farsa porque lo garantiza “a los sueldos inferiores a 1.800 pesos”.
Prácticamente 1.800 pesos es el básico en los convenios de trabajo. O sea, hoy ya existe ese piso. El decreto no agrega nada.
Tomada reconoció “que, a la hora de sacar el decreto y a pedido del sector empresario se hicieron “concesiones” a los empleadores: “las sumas adicionales de pago único se fijaron de acuerdo con la propuesta de la UIA, se agregó el seguro de responsabilidad civil, se ordena arbitrar medidas para bajar costos, se fomentan las mutuales, se quitó un artículo que autorizaba el aumento inmediato de las alícuotas” (Clarín, ídem).
¿Por qué, entonces, pegan el grito la UIA, la Bolsa, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio...?
No por lo que dice el decreto, sino por lo que no dice y no puede decir: quieren impedir los juicios o extorsionar a los trabajadores con la “opción excluyente” (que el trabajador que hace juicio no reciba ni la atención médica de las ART ni cobre las bajísimas indemnizaciones del sistema).
Se trata de una extorsión directa de las grandes patronales a los trabajadores accidentados o a sus familiares. Si quiere atención médica o cobrar algo, primero firman que desisten de todo juicio, incluso si el accidente se produjo por la falta de medidas de seguridad de la patronal.
La respuesta de Tomada también es reveladora. El argumento de Tomada es que algunos puntos reclamados por los empresarios no pueden modificarse por decreto “porque sería inconstitucional ya que excede el marco de las facultades delegadas por ley al Poder Ejecutivo”. Y en otros, como que el trabajador opte entre cobrar las indemnizaciones del sistema o reclame por vía judicial, “tampoco se podría hacer en un proyecto de ley porque va en abierta contradicción con los fallos de la Corte Suprema” (Clarín, ídem).
¿Por qué grita la Unión de ART? Porque Tomada “arregló” con la UIA que las ART no puedan aumentar las tarifas que pagan las patronales.
A pedido de la UIA, “se quitó (del decreto) un artículo que autorizaba el aumento inmediato de alícuotas”. Y para que no queden dudas, Tomada le señaló a los empresarios críticos “que toda modificación a las tarifas actuales, en caso de ocurrir, podrá producirse recién una vez vencidos los contratos anuales en vigencia” (Clarín, 12/11). Otro choque se relaciona con la autorización a formar mutuales, algo que vienen pidiendo sectores patronales (Cámara de la Construcción, Cámara Argentina de Comercio) para armar sus propios negocios en competencia con las ART.
Todo esto revela que los choques interpatronales no tienen que ver ni con la prevención, ni con la seguridad laboral, ni con “la justa reparación” como se llenan las patronales. Es una lucha de buitres que especulan con los accidentes de trabajo que ellos mismos generan con la falta de seguridad y los incesantes incrementos en los ritmos de producción.
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