A pesar de la feroz campaña internacional del lobby sionista, del rechazo de Obama y de que el 90 por ciento del Congreso de Estados Unidos impugnó sus conclusiones, la Asamblea General de la ONU respaldó con 144 votos el Informe Goldstone. Allí se acusa a Israel de ejecutar un "ataque deliberadamente desproporcionado diseñado para castigar, humillar y aterrorizar a la población civil" en la última invasión a Gaza (diciembre 2008). Hubo 18 votos en contra –Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia y Australia, entre otros– y 44 abstenciones –que incluyeron a Rusia y el resto de Europa, excepto Irlanda.
La aprobación del informe es otro golpe a la política de Obama en Medio Oriente y consolida el declive del proimperialista presidente palestino Mahmud Abbas, a quien el propio Obama le exigió que pidiera la postergación de la discusión "por el bien del proceso de paz". El gobierno de Benjamin Netanyahu lo amenazó directamente con "hacer públicas unas comprometidas grabaciones en las que, supuestamente, se puede escuchar cómo el propio mandatario palestino alentó a las autoridades judías a redoblar los bombardeos en Gaza para así acabar con Hamás" (ABC de Madrid, 9/11).
Hamas celebró la votación aunque el informe también lo acusa de crímenes de guerra por someter a "tortura psicológica" (sic) a la población israelí, si bien reconoce que hubo 1.400 muertos del lado palestino y sólo 13 israelíes (cuatro de ellos por "fuego amigo"). El próximo round es en el Consejo de Seguridad: si en tres meses Israel y Gaza no investigan y castigan a los culpables, dice la resolución de la ONU, los jefes políticos y militares deberían ser citados por el Tribunal Internacional de la Haya. Obama anticipó su veto en el Consejo y el gobierno sionista aseguró que "ningún militar será siquiera interrogado".
La cuestión, sin embargo, divide aguas en la jerarquía sionista. Cinco ministros del gabinete de Netahayu propusieron armar una suerte de comisión investigadora que los proteja de una posible captura cuando salgan del país. Dos académicos, Moshé Halbertal y Avi Sagi, que participaron en la elaboración del código ético del Ejército israelí, pidieron que se investigue algunas de las acusaciones. Pese a que Halbertal afirma que el informe tiene por objeto "preparar una acusación general que presente a Israel como un Estado depredador que viola los derechos humanos en todo momento", opina que Israel debería responder mostrando las conductas que guiaron al Ejército. Aunque el veto norteamericano y la complicidad de la Unión Europea vuelve remota la posibilidad de que los sionistas lleguen a la Corte Penal Internacional, "el riesgo existe, y en el camino se podría causar mucho daño a Israel en términos políticos y de opinión pública”, advierten.
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