La lucha en torno a las cooperativas de empleo anunciadas por Cristina K en agosto puede convertirse en un factor de la crisis política. La inscripción de los primeros cien mil aspirantes a un puesto de trabajo por 1.200 pesos al mes es, hasta el momento, coto cerrado de los intendentes. Esto abrió un debate elemental en los barrios en torno al reclamo de “que se abran las listas”.
Fue lo que ocurrió en Zárate. Cuando la intendencia (“socialista” K) organizó una convocatoria a “sus” empadronados en un estadio, con la intención de cerrar el trámite, más de 3.000 desocupados movilizados arrancaron la reapertura de la inscripción.
El empleo y la pobreza se han vuelto a convertir en cuestiones políticas explosivas por el crecimiento de la desocupación (400.000 puestos perdidos en el último año, 164.000 en blanco), el salto de la pobreza a los niveles de 2002 y el fracaso de los planes de empleo. Debe recordarse que un plan similar de cooperativas de empleo se alumbró en las vísperas de las elecciones del 28 de junio y fue abandonado de un día para otro luego de la derrota del gobierno; y que de las 420.000 viviendas anuales planteadas como objetivo del Plan Federal para el período 2004/09, se construyeron sólo 118.000 (La Nación, 2/10).
El plan “Argentina Trabaja” (así se llama) es un recurso de emergencia incapaz de resolver cualquiera de estos problemas porque es funcional al régimen de explotación capitalista (ya en crisis) que provoca el desempleo y la pobreza. Las obras públicas van a ser hechas, en caso de ejecutarse, con mano de obra por debajo de los valores del convenio del trabajador de la construcción. De este modo, el capital tiene un instrumento más para llevar los salarios a niveles de subsistencia. Pero las cooperativas de empleo han suscitado un debate dramático. En algunas comunas, el solo anuncio de que un desocupado iba a ser contratado por 1.200 pesos al mes está llevando a los intendentes a proponer achicar el ingreso prometido para no provocar una rebelión entre municipales que ganan menos que esa cifra.
Por otra parte, “Argentina Trabaja” forma parte de un plan político dirigido a contener la diáspora del PJ y mantener una alianza cerrada con los intendentes a través de una nueva “caja”. Forma parte del intento más general de los K de revivir el PJ y hasta se podría establecer un vínculo con la propuesta oficial de reforma política, que –a través de un régimen de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos– apunta a resucitar la vigencia de los dos partidos mayores y revivir al peronismo. Los “cooperativistas” tendrán que votar a sus punteros para no ser despedidos.
La lucha por el trabajo “genuino” plantea un enorme desafío político. Con un país que tiene 13 millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza y dos millones de ellos sin trabajo, ¿de qué modo conciliar esto con un gobierno que se propone devolver la confianza al capital y regresar los capitales que se fugaron en los últimos años, lo que se resume en un “plan de ajuste”?
Cuando los desocupados y las familias reclaman “que se abran las listas” tocan un punto neurálgico del ajuste del gasto y un punto sensible del plan político kirchnerista.
Reclamamos el ingreso irrestricto de todos los desocupados a los programas de empleo, la reapertura de los registros, allí donde se hubieran cerrado, y la difusión pública de todos los beneficiarios, el control de las organizaciones de desocupados sobre los nombramientos, partidas y fondos para pagar las obras, la elaboración, discusión y votación colectiva por parte de las asambleas barriales y de las cooperativas sobre las obras a realizar. Elección de delegados en todas las cuadrillas de cooperativistas para pelear por las condiciones de trabajo, efectividad y pase a convenio. Fuera la tutela de los punteros de cualquier signo político.
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