Hasta hace poco, el PTS alegaba, al menos de palabra, que pretendía la estatización sin pago de Zanón, bajo control obrero. Ahora, celebra la ley redactada por el gobernador Sapag y el MPN con el “avenimiento” de los acreedores. La califica de “la expropiación de los capitalistas”. La ley transfiere la fábrica a la cooperativa y prevé una indemnización de 23,5 millones de pesos para los acreedores. Es “un ejemplo para el porvenir”, dice el PTS aunque no contemple –reconocen– “la idea (sic) de la estatización”. En resumen, la lucha anticapitalista ha quedado abandonada, incluso como perspectiva.
El PTS rinde culto también a la “autogestión” en el marco capitalista. Se ha convertido de socialista en autogestionario, que desde los socialistas utópicos y Proudhon es una bandera del anarquismo pequeño burgués. La “seguridad jurídica” que la transferencia legal brinda a la cooperativa Fasinpat no la sustrae, sin embargo, de las presiones y contradicciones del capitalismo y su crisis (si encima debe cargar con una deuda con el Estado por la indemnización, por 23 millones de pesos). Tampoco significa que Sapag y el MPN hayan desistido de sus objetivos originales, que ahora se desenvolverán en otro terreno: el de la legalidad del mercado, la propiedad privada y la ley de quiebras.
El PTS no formula una sola crítica a la ley, ni siquiera al hecho de que la única confiscación efectiva que ésta sanciona es la de los derechos indemnizatorios de los obreros de Zanón.
Compensación
En un suplemento especial, el abogado Mariano Pedrero afirma que por esta ley “los obreros de Zanón no tienen que entregar cerámicos como forma de pago alguno, sino que venderán al Estado la producción para obras (viviendas, escuelas, etc.) a precio de costo, lo que incluye el salario y la amortización de las máquinas” (el abogado no sabe siquiera de lo que está hablando, porque cualquier costo incluye las materias primas que se transforman, la energía eléctrica que se utiliza y varios otros insumos). La ley establece que los obreros deben “compensar” al Estado por los 23 millones de pesos que éste repartirá entre los tres acreedores privilegiados. El artículo 7 de la “ley de expropiación” reza textualmente: “Determínase que la Cooperativa de Trabajo Fasinpat Limitada compensará al Estado provincial, en especie, las sumas desembolsadas ($23.406.566,31 según el artículo quinto de la misma ley, N. de la R.) mediante la venta al costo de los productos que requiera la provincia para fines públicos”. La ley aún no fue reglamentada y por lo tanto no se han precisado muchas cosas, por ejemplo las partidas anuales que el Estado destinará a la compra de cerámicos. En el cuadro de la crisis fiscal esto no es moco de pavo, pues podría dejar a la cooperativa sin demanda. Incluso si la deuda con el Estado se pagara con la diferencia entre el costo de producción y el precio de mercado (que, por definición, es variable, incierto y manipulado), la cooperativa estaría “compensando” al Estado a costa de una mayor descapitalización de la fábrica. El principal problema de Zanón es justamente la falta de capital para renovar su tecnología, completamente obsoleta.
Si, como dice la ley, la cooperativa debe vender al Estado al costo, la diferencia con el precio de venta sería equivalente a la ganancia que hará el Estado o sus contratistas cuando use los cerámicos en sus obras de vivienda.
(Según nos informan algunos compañeros, la cooperativa está entregando a los dos corralones a los que provee –los verdaderos “controlantes del control obrero”– el metro cuadrado de producto a 12 pesos, el cual en el mercado el público paga al doble –esos 12 pesos se encuentran muy por debajo del “costo” de 16/18 pesos que calcula la cooperativa).
El resultado de esto en el tiempo ha sido una descapitalización enorme, el cierre de líneas y la acumulación de una importante deuda con los proveedores. La producción de Zanón está ahora en un 50/60% de los 300/380 mil metros cuadrados de hace un tiempo. Ha ido perdiendo terreno a manos de sus competidores.
En este cuadro, la referencia del abogado a “la amortización de las máquinas” es un bálsamo. Sólo a partir de la crítica a la ley de Sapag podrá continuar la lucha para alcanzar efectivamente la expropiación sin pago y la gestión obrera.
Mentiras
El PTS acusa al PO de “intentar sembrar confusión difundiendo mentiras tales como que con la ley que se votaba ‘los trabajadores quedan endeudados para pagar la expropiación’ o que su sanción lleva a que la fábrica ‘opere bajo gestión judicial’”.
Las tergiversaciones son groseras. La “compensación” al Estado es una deuda que carga la cooperativa, como hemos desarrollado más arriba.
Por otro lado, nunca dijimos que la sanción de la ley lleve a que la fábrica “opere bajo gestión judicial”. Lo que denunciamos (en mayo) fue que el gobierno provincial advirtió que condicionaría la entrega de algún subsidio a la cooperativa a su ingreso al mecanismo de los “procesos preventivos de crisis” (PO Nº 1.085). Actualmente, Zanón recibe los subsidios del Repro que distribuye en forma discrecional el Ministerio de Trabajo a “empresas en crisis”, que la cooperativa debe renovar trimestralmente. El Ministerio convirtió recientemente los 600 pesos en un “tope” para todo el movimiento obrero.
Abstencionismo político
El PTS ha colocado un empeño extraordinario en impedir que Zanón se proyecte en el plano político; ahora aboga para que se incorpore, incondicionalmente, a la CTA kirchnerista.
En 2007, durante la rebelión popular desatada por el crimen de Fuentealba, rechazaron la propuesta del PO de confluir con los docentes en un frente sobre la base del reclamo de la expropiación sin pago de la fábrica y otras reivindicaciones populares. Los significativos progresos de la izquierda que se reclama independiente en los dos últimos turnos electorales apoyan esta caracterización. Esto deja en claro que el “partido de los trabajadores” que el PTS agita es un verso. Es una cortina de humo para franelear con la burocracia de la CTA.
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