La Nación, en un editorial del 17 de septiembre, dice que detrás de la mafia de los medicamentos se encuentra "el financiamiento ilegal de la política". La trama es mucho más vasta y oscura. Los aportes de la mafia a los partidos patronales -en este caso a la campaña de Cristina K y Julio Cobos- son apenas uno de los garfios que engrampan su asociación ilícita con el aparato estatal. Además, sirven para blanquear dinero procedente del narcotráfico, de la evasión impositiva y el contrabando, entre otros rubros: la repetición de nombres entre los involucrados en este asunto con los del tráfico de precursores para la elaboración de drogas sintéticas, y con el triple crimen de General Rodríguez, señalan la presencia de un Estado mafioso.
Por ejemplo, los sindicatos no rindieron cuentas de los más de 200 millones de pesos que recibieron en 2005 y en años anteriores de la Administración de Programas Especiales (APE). Como se sabe, la APE subsidia tratamientos contra la hemofilia, anticancerosos o a enfermos de sida. La adulteración de medicamentos, la entrega de remedios vencidos o robados, o la estafa masiva cometida mediante recetas falsas para pacientes inexistentes, apuntan especialmente a esas enfermedades porque se tratan con drogas carísimas, que suelen costar hasta 20.000 pesos por unidad, de modo que un volumen pequeño asegura una ganancia enorme.
Para que eso funcione, resulta indispensable el eje delictivo constituido por el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) y la APE, y el vínculo de ese eje con las obras sociales, con la burocracia sindical.
Bailan por plata
El manejo de esos fondos produjo la recordada pelea entre Hugo Moyano y Graciela Ocaña, ex ministra de Salud. Cuando Ocaña debió irse, el gobierno puso al frente de la SSS a Ricardo Bellagio, que ahí sigue hasta hoy.
¿Quién es ese hombre?
En tiempos de Capaccioli, Bellagio era director de Control Económico Financiero de la Superintendencia. Es decir, el responsable de permitir que los sindicatos no rindieran cuentas ni por una moneda de los créditos multimillonarios que recibían a mansalva, tal como señala ahora un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Cuando Bellagio dirigía ese organismo y la Superintendencia estaba a cargo de Capaccioli, el segundo de éste era Néstor Vázquez, socio de Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier que vendía medicamentos adulterados, vencidos, robados o simplemente inexistentes.
He ahí, apenas, una punta del ovillo, de la cual se desprende un dato clave: esa mafia tuvo en todo momento el respaldo activo de la presidencia de la Nación, tanto en tiempos de Néstor Kirchner como en los de su mujer, y aún desde mucho antes (por eso el notable silencio de Eduardo Duhalde en esta cuestión).
Ese informe de la Sigen denuncia que en la SSS ni siquiera había un registro de los créditos dados a los sindicatos; tampoco hay, por tanto, registros contables, ni seguimiento ni recupero de esos créditos. Todo eso es responsabilidad directa de Bellagio, quien, sin embargo, en vez de estar preso es superintendente de Seguros de Salud, nombrado por la Presidenta. Y no es el primer informe de la Sigen que señala esas estafas: hubo otros en noviembre de 2006, en julio de 2007 y en julio de 2008.
Por otra parte, tampoco se libran Juan Rinaldi, el antecesor de Bellagio, ni la propia Ocaña. El Sindicato de Bioquímicos y Farmacéuticos acusó a Rinaldi de haber reducido aún más los controles sobre los medicamentos. Rinaldi firmó la Resolución 43/09, que elimina la obligación de las farmacias de inscribirse en un registro nacional, lo cual descentralizó la fiscalización y superpuso controles, todo a pedir de boca de los mafiosos.
Como se ve, en aquella pelea entre Ocaña y Moyano no había una pugna entre delincuentes y "probos"...
Los trabajadores o nadie
El titular de la UCR, Gerardo Morales (La Nación, 20/9), defendió la ley de medicamentos (la 16.462) aprobada durante la presidencia de Arturo Illia (1963-1966), que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación a los reactivos medicinales. Esa norma impuso el congelamiento de los precios de los medicamentos, el control de todo su proceso de comercialización y la elaboración de genéricos. Como ocurre ahora, entonces había medicamentos cuyo precio excedía en más del 1.000 por ciento su costo de producción. Es una evocación filosa, porque aquella ley estuvo entre las razones del derrocamiento de Illia en 1966.
Pero, aun con las limitaciones de la 16.462 ¿por qué no propone Morales una ley parecida?
Entretanto, el racimo de obras sociales que por ahora (son muchas más) aparecen vinculadas con la mafia de los medicamentos (UTPBA, gráficos, turf, aeronavegantes y otros, y ya está al caer la de camioneros) son auditadas... por la Superintendencia de Seguros de Salud; es decir, por Bellagio. Ponen al oso a cuidar la miel.
En principio, las obras sociales no pueden ser auditadas por organismos corrompidos hasta la médula, sino por asambleas obreras. Esas asambleas, no el gobierno, deben intervenir las obras sociales, sacarlas de las garras enchastradas de la burocracia y que los trabajadores se hagan cargo. Sólo entonces esto se va a investigar como corresponde, irán presos los que tengan que ir y quedará asegurada la salud de la familia obrera.En el mismo orden de cosas, conviene recordar que Sebastián Forza, en sus confesiones a un periodista poco antes de ser asesinado, vinculó con la mafia de los remedios al Pami y a grandes laboratorios como Abbott y Roche. Resulta indispensable exigir la inmediata estatización bajo control obrero de toda la cadena de producción, distribución y comercialización de medicamentos, y obviamente derogar una ley de patentes hecha al gusto de los monopolios medicinales.
Por último, estamos ante uno de esos casos que ponen en tela de juicio al poder político, porque develan el carácter delictivo del Estado argentino, su sociedad con corporaciones mafiosas y con una burocracia más mafiosa aún.
Por eso mismo: que se vayan todos, que gobiernen los trabajadores.
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