Bastó que los lobbies patronales se pusieran en movimiento para que Scioli “suavizara parte del impuestazo” (La Nación 20/9). El gobierno daría marcha atrás en el cargo que se cobraría sobre la exportación y la importación en las terminales portuarias de las provincia. Las terminales son 14, y son privadas, y reportan un alta rentabilidad a sus concesionarios. La privatización de los puertos constituye un terreno ideal para la evasión y todo tipo de operaciones irregulares. Con la cifra que se estimaba recaudar el gobierno apenas compensan las inversiones que vienen haciendo en logística para llegar al puerto.A la movida, se ha sumado la patronal del campo, que ha puesto el grito en el cielo, oponiéndose al aumento del inmobiliario rural. Los ruralistas han amenazado con un escenario similar a la resolución 125.
Pero es muy posible que la sangre no llegue al río. En primer lugar, porque el incremento es apenas de un 30 por ciento y representa la suma irrisoria de $6 por hectárea. Las explotaciones agropecuarias pagarían $24 por hectárea, cuando el inmobiliario rural es 80 veces inferior al que hubiera correspondido, en caso de que las tierras se valuaran a precios de mercado. En realidad, la rebelión de las patronales agrarias contra la reforma fiscal es una cortina de humo en función de una pulseada más general en la que están en juego otras concesiones y una reorientación de la política oficial, con más razón, que Alarcón ha ingresado al gabinete. Pero, además, ya hay negociaciones para que en el Senado se hagan retoques, entre los que figura aumentar el número de distritos que están eximidos del pago, que se sumarian a los 12 municipios que están alcanzados por ese beneficio. Con todo estos cambios de por medio, lo único que terminaría quedando en pie es el pago del inmboliario urbano y el impuesto de sellos para los automóviles usados. Es decir, un ataque a la clase media y a la clase trabajadora pues el impuestazo pasaría a tener como fuente principal las casas que valen 50.000 o 60.000 dólares y autos cuya valuación supere los $ 20.000. Conclusión. La reforma fiscal nace renga y con sus modificaciones, con suerte, se termine por recaudar la mitad de lo que se pronostica. Dicho monto constituye una gota en el océano frente a un quebranto que se estima en $ 10.000 millones. Ni siquiera el endeudamiento que se esta pergeñando y que iría de la mano con la revisión de la Ley de Responsabilidad fiscal, seria una salida, pues el mercado privado de crédito esta cerrado y con mas razón para una provincia en virtual default. Lo que pueda colocarse en el mercado va a ser a tasas usurarias, agravando el hipotecamiento que ya tiene la provincia. Pero, además, cualquier financiamiento va a tener como condición previa el ajuste, empezando por los trabajadores del estado y siguiendo por los gastos sociales ¡Scioli ha comenzado a disminuir el salario nominal! No otra cosa es la supresión de horas extras y otros adicionales habituales que en que muchas dependencias venían compensando el retraso de los básicos. Esto se complementa con la no renovación de contratos, es decir, con despidos y un recorte de los gastos sociales Varias comunas de la provincia desdoblaron el pago de haberes de sus empleados.
Hay otra salida
La oposición de los Solá, Stolbizer y De Narváez, hacen causa común con las patronales y reclaman en lugar del paquete fiscal del oficialismo, una mayor cuota de la coparticipación. Pero no hace falta mendigar un auxilio salvador. Los recursos están dentro de la provincia. Solo el inmobiliario rural (que en la actualidad apenas se recauda 100 millones de dólares) podría reportar 10.000 millones de dólares, si simplemente se gravara la tierra partiendo de su precio de mercado (28 millones de hectáreas explotadas con que cuenta la provincia por 360dolares que seria el impuesto promedio por hectárea en caso de que se actualizara su valor). Otro tanto ocurría si se aplica un impuesto al gran capital sobre las principales industrias, que aportan el 40 por ciento del producto bruto industrial del país. Los trabajadores tenemos que impulsar nuestra propia salida. Que la crisis la paguen, los capitalistas. Impulsemos iniciativas de lucha en nuestros lugares de trabajo y reclamemos en común que nuestras organizaciones rompan con sus ataduras con el oficialismo y la oposición patronal y lancen un plan de lucha por el salario, en defensa de los puestos de trabajo y por el conjunto de reclamos impostergables.
Enviar por correo electrónico
Imprimir esta página
