Los recientes atentados de ETA, en Burgos y Mallorca, en ocasión del 50º aniversario de su fundación, y las detenciones realizadas en la última semana por fuerzas policiales españolas y francesas han vuelto a colocar el problema vasco en la situación política del Estado español. Mientras ETA ha querido mostrar que sigue en condiciones de realizar atentados mortales, incluso en zonas lejanas a Euskal Herria, el gobierno del PSOE y la oposición del PP han salido a decir que el final de la organización es inminente y que se trata de lanzar la ofensiva represiva final, para liquidarla definitivamente.
Ni tanto ni tan poco
Las cosas, como de costumbre, suelen ser más complejas. Según el Financial Times, “la realidad está en un punto intermedio”. De hecho, el propio título del artículo plantea que “ambas partes deben ceder para que ETA abandone la violencia”. “Los realistas de ambos bandos” –continúa el órgano de la City londinense– “creen que un acuerdo similar al del proceso de paz de Irlanda del Norte es aún posible, aunque cualquier negociación encontrará dificultades y deberá pasar por incómodos compromisos” (FT, 12/8).
En realidad, los “procesos de paz” y sus respectivas “rupturas” se vienen sucediendo desde hace varios años. Lo intentó Aznar, a mediados de la década de 1990, y luego de su fracaso se embarcó en una política de abierta represión y persecución a todo el activismo nacionalista, tarea en la cual fue apoyado sin ningún tapujo por el PSOE. Luego de la crisis abierta con los atentados islamistas del 11-M, que terminaron llevando al gobierno a Rodríguez Zapatero, se abrió un nuevo período de “negociación”, que incluyó el llamado de ETA a una tregua, en marzo de 2006, y el apoyo de los dirigentes de Batasuna, el ala “política” del nacionalismo vasco, a la propuesta oficial.
El “diálogo” con ETA era, de hecho, uno de los ejes fundamentales de la política del gobierno del PSOE, que debía no sólo maniobrar sobre el ascenso popular que lo había llevado al gobierno sino también reorientar el eje de gravedad al interior de las burguesías de todo el Estado, ya que la política del último gobierno de Aznar había puesto en crisis el acuerdo entre las burguesías vasca y catalana, y el Estado español desde la época de Franco. A fines de 2006, sin embargo, luego de un año de “diálogo” en el cual, por otra parte, no se había detenido la represión sobre el activismo vasco, ETA colocó una bomba en el aeropuerto de Barajas, que causó dos muertos, y el proceso de paz volvió a foja cero.
Desde entonces, en Euskal Herria la represión se ha intensificado hasta llegar a niveles propios de un estado de sitio, y se ha acentuado la política de dispersión de los presos vascos en cárceles lejanas de todo el Estado. En junio pasado, “ETA recibió un duro golpe cuando la Corte Europea de Derechos Humanos respaldó la decisión española de prohibir al partido separatista Batasuna, considerando que era un frente de ETA” (FT, ídem). El golpe lo ha sufrido incluso el propio partido de la burguesía vasca (PNV), que no alcanzó la mayoría absoluta en las elecciones de este año y debió ceder el gobierno de la región a una coalición del PSOE y el PP.
Los límites del nacionalismo vasco
El nacionalismo vasco surgió a fines del siglo XIX como una ideología de carácter derechista, concentrada en enfrentar al pueblo vasco con los trabajadores inmigrantes que llegaban de otras zonas de España, atraídos por el mayor desarrollo industrial de la región. Fue recién bajo el franquismo –cuando se estableció una represión absoluta contra todo tipo de manifestaciones nacionalistas– cuando el nacionalismo vasco comenzó a ganar apoyo entre la juventud explotada y se transformó en un canal de lucha contra la dictadura franquista. ETA, fundada a fines de la década de 1950, llegó a alcanzar en los setenta una influencia de masas, sobre todo después del atentado que le costó la vida a Carrero Blanco, candidato a sucesor de Franco. Durante la tan mentada “transición”, tanto el PC como el PSOE fueron a la rastra del franquismo y aceptaron la reinstauración de la monarquía borbónica: la traición a la causa de la autodeterminación de los pueblos de España fortaleció el ascendiente de ETA sobre todo un sector de la juventud nacionalista vasca, al tiempo que lo aislaba de los trabajadores del resto del Estado.
A más de treinta años de esa transición, en un contexto mundial marcado por la descomposición de todos los movimientos guerrilleros –y la integración de muchos a los gobiernos de sus países–, la política de ETA llegó a un callejón sin salida. A esta altura es una obviedad señalar que la burguesía vasca ya no es capaz de defender la causa nacional –en realidad nunca lo fue, dado que no tiene ninguna intención de perderse el “bocado de cardenal” que representa el mercado del conjunto del Estado español y la integración a la Unión Europea, y prefiere reducir el asunto a exigencias presupuestarias y fiscales. La incapacidad histórica de la monarquía y de la burguesía española para lograr la unidad nacional, por un lado, y las limitaciones profundas de un nacionalismo vasco que nunca se ha salido de las faldas de su propia burguesía, por el otro, recrean una y otra vez una situación de empantanamiento que se agrava con las crisis y convulsiones que sacuden a toda Europa.
En Euskal Herria –y también en Catalunya– existe un amplio activismo, obrero y sobre todo juvenil, que enfrenta cotidianamente la represión de las fuerzas de seguridad y el auténtico “estado de excepción”, con violaciones a los derechos humanos de los detenidos inclusive, que le han impuesto los gobiernos del PSOE y el PP, con la inestimable ayuda del “progre” Baltasar Garzón y de la propia policía autonómica vasca, dirigida hasta hace poco por el mismo PNV.
Pero también debe enfrentar las insuperables limitaciones de los métodos y el planteo político de contenido burgués de la propia ETA, que lo aíslan de los trabajadores y explotados del resto del Estado, sean estos madrileños, andaluces o inmigrantes de América Latina o Africa, e incluso de los trabajadores no vascos que viven en Euskal Herria. La organización política independiente de los trabajadores de todos los pueblos del Estado español, con un programa socialista, sigue siendo la única alternativa para terminar con una monarquía chupacirios, imperialista y opresora de pueblos, y luchar consecuentemente por la autodeterminación nacional y la unión libre de los pueblos ibéricos.
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