"¿Qué mirás, negro de mierda? ¿Qué me mirás?", le gritó un hombre a un vendedor ambulante africano que pasaba frente a un bar en Constitución. Acto seguido "sacó un revólver y le apuntó a matar ¡a un metro! El negro se avivó enseguida y le agarró el brazo, pero el tipo disparó igual. Tuvo suerte, porque el disparo sólo le agujereó el pantalón" (Página/12, 8/7).
La escena fue presenciada por una treintena de testigos, que llamaron a la policía y al Inadi. Cuando intervino la Comisaría 16° y se descubrió que el pistolero era un policía de civil, 28 testigos se esfumaron. Para entonces, el policía se iba caminando con otros dos acompañantes. Los habían echado del bar por acosar a otro vendedor senegalés: "Cuando (le) exhibió su maletín para ver si quería comprar algo, el policía tironeó el maletín y le gritó: ‘Negro, regalame un reloj'" (ídem).
El policía que disparó a matar y que, por casualidad, no asesinó al trabajador africano, quedó libre unas horas más tarde. "Los hechos quedaron radicados como 'disparo de arma de fuego con lesiones' y no como intento de homicidio agravado por racismo, como reclamaba Luciana Sánchez, del Colectivo para la Diversidad (CoPaDi). El senegalés agredido dentro del bar ya había sido atacado hacía unos meses por un policía bonaerense, que "le disparó y casi le sacan un dedo", dijo Sánchez.
En enero, el CoPaDi acompañó a un grupo de vendedores ambulantes africanos que presentaron un habeas corpus por discriminación y acoso violento por parte de policías y fiscales. La Justicia contravencional porteña lo desestimó e hizo una mínima referencia a la discriminación racial, algo que la Cámara, que también rechazó el recurso, ni siquiera tuvo en cuenta, denuncia el CoPaDi. "La policía ejerce la violencia, pero es el último eslabón en esta política de ‘blanqueamiento' del Gobierno de la Ciudad", explica Sánchez.
En la página de Migraciones del gobierno porteño se reconoce el acoso policial contra los inmigrantes africanos, que incluye golpizas, detenciones y el robo de la mercadería y los pasaportes (migraciones.gov.ar). En junio hubo una audiencia pública en el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires, para discutir la situación y analizar la "legalidad" de "las reglas y prácticas de la policía, de la fiscalización y del Poder Judicial". El resultado está a la vista: otro intento de homicidio.
Una de las denuncias que hacen los vendedores africanos es que el racismo de la policía y los fiscales llega al punto que ¡no les aceptan las coimas!. "Desde diciembre vienen unos tipos vestidos de civil, que son de la Brigada, y nos echan. Dejan que todo el mundo venda y a nosotros nos exigen un permiso, ¿de qué permiso están hablando? Si nadie lo tiene. Y a diferencia de los demás, a nosotros no nos aceptan la coima" (Página/12, 22/3).
La persecución contra los vendedores ambulantes tiene un alto ingrediente de xenofobia y racismo. Según el CELS, "del total de imputados en la ciudad por contravención del artículo 83," el 40% eran migrantes de América Latina y Africa (especialmente, de Senegal). Los refugiados africanos sobreviven en la pobreza, vendiendo en la calle bijouterie. La policía se ensaña con ellos, les incauta los maletines y les roba la mercadería, y hasta los pasaportes. "A la persecución policial y fiscal y la discriminación social se les suma que el órgano que debería asistirlos, la Defensoría Contravencional, ni siquiera tiene un traductor", añade Lucía Sánchez. Los dos senegaleses están escondidos, porque el policía que les disparó está suelto.
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