La política de Lula amenaza no sólo la selva amazónica sino también el patrimonio cultural de los pueblos que la habitan, como es el caso de las comunidades ubicadas en las riberas del río Tapajós. Esas comunidades sienten la falta de acceso a los derechos fundamentales como la salud, el transporte y la educación, la vivienda. Desde la ocupación de esas tierras hace más de cien años, fueron hostigados sobre sus propios territorios o por los compradores de madera que les pagaban y pagan un precio muy bajo. A esta situación se le suma que el gobierno pretende la construcción de una central hidroeléctrica que podría acabar con su población y todo el conocimiento que tiene de la selva.
La resistencia a la expulsión, la enfermedad, el acoso, las amenazas, la violencia, por más de cien años, ha sido la marca de las comunidades de la Amazonía, aunque ahora traten con esfuerzo de adaptarse a una violencia aparentemente más sutil (aunque tan peligrosa como las otras) que revela el abandono a que el gobierno los somete.
Estas comunidades evitan la caza predatoria, siguen un sistema de rotación con un tiempo reservado para la recuperación de la fertilidad del suelo y la recolección de productos forestales, como un complemento importante de los alimentos, y los resultados en la eficacia de la conservación de la región. También desarrollaron técnicas tradicionales y sofisticadas de cultivo de la mandioca, y son poseedores de un gran banco genético. No sólo tienen 40 especies diferentes de mandioca sino que conocen de cada una sus propiedades nutricionales o medicinales. También poseen y conocen bien más de 1.400 plantas selváticas que contienen principios activos contra el cáncer.
Para formalizar su derecho a esa tierra, los trabajadores comenzaron a reclamar no sólo la creación de un terreno Resex, que garantice la ocupación sino también el acceso a créditos para la agricultura y mejores condiciones de vida, la atención médica y educacional. Las Resex son unidades de conservación del medio ambiente, cuyo objetivo principal es la protección de sus medios de subsistencia y la cultura de las personas que usan los recursos naturales de forma sostenible, que se basa en el uso común de la tierra por la comunidad. Hoy en día existen 56 unidades de conservación de este modelo en Brasil y hay más de 100 solicitudes en proceso.
En 2007, estas comunidades de la Amazonía ya habían reunido todos los requisitos para convertirse en un Resex, pero faltaba el último paso, que era un decreto del presidente Lula para completar el proceso, aunque de repente todo volvió atrás y después de un año se descubre que la pretensión de la construcción de una hidroeléctrica en el río Tapajós está bloqueando el proceso.
El hecho de no poder formalizar el derecho a la tierra impide que la población pueda permanecer en su lugar.
En una convocatoria para una audiencia pública en Brasilia en 2008, surge el agravamiento de los conflictos y las presiones causadas por el retraso en la creación de diversos Resex.
Los representantes de las comunidades fueron claros: sin Resex, las personas con alto poder adquisitivo pueden sacarlos de allí y no quieren vivir en la ciudad y depender de la asistencia del gobierno.
La reunucia que 'liberó' a Lula
Marina Silva fue ministra de Medio Ambiente de Brasil y estaba considerada, dentro y fuera del país, una abanderada del ecologismo y férrea defensora de la Amazonía. Después de más de cinco años en el cargo, dio el portazo. Silva había entrado en la política de la mano de Chico Mendes, una de las primeras voces que se alzaron para denunciar la destrucción de la Amazonía brasileña y fue asesinado en 1988, en una emboscada preparada por latifundistas y madereros a los que acusaba de devastar la selva. Juntos, en 1984, fundaron la filial de la Central Unica de Trabajadores (CUT) en Acre.
Los que ganaron con esta renuncia son Dilma Rousseff, mano derecha de Lula y encargada de poner en marcha el plan de crecimiento económico acelerado, que choca de frente con la protección del medio ambiente porque impulsa la concesión de licencias para los productores agrícolas e industriales y el uso de transgénicos en la agricultura.
La ex ministra no negociaba con nada. Había estado demorando todo tipo de concesiones de licencias medioambientales y se oponía a cultivos intensivos en detrimento del medio ambiente, sobre todo si éstos se destinaban a la producción de biocombustibles. La intransigencia de Silva la llevó a enfrentarse también con el Ministerio de Agricultura y a varios gobernadores. Se opuso, sin éxito, a varias y grandes obras en la Amazonía, desde represas a carreteras. Una realidad que demuestra los verdaderos intereses del gobierno de Lula.
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