Pueden dormir tranquilos. Entre las empresas que están esperando un rescate se encuentran La Serenísima y Mahle. La orientación oficial consistirá en fijar un monto de ayuda económica, pero sin comprometerse con una administración por parte del Estado. En esta misma línea se inscribe el proyecto de reforma de ley de quiebras, que pretende desligar el Estado de una responsablidad directa y desplazar hacia la Justicia la presión que los trabajadores -amenazados con la pérdida de su fuente de trabajo- ejercen hacia el poder político y las legislaturas.
Un adelanto lo tenemos con La Serenísima. El Estado habría cedido a un viejo reclamo de los Mastellone, que consiste, ni más ni menos, en una compensación de... 98 millones de pesos. De la mano de eso vendría la autorización de un aumento de la leche y otros productos lácteos.
El nuevo organismo destinado al salvataje de empresas estaría integrado por dos organismos públicos, entre los que se encuentran la Anses, el Banco Nación y el Ministerio de Producción. Es decir, se reforzaría la orientación de empeñar los fondos públicos en el rescate del capital. No sólo se trata, en muchos casos, de rescates dudosos e inviables. La existencia del instituto mismo con fondos disponibles será el caldo de cultivo ideal para todo tipo de maniobras fraudulentas, entre ellas, exagerar el estado de crisis de la empresa, su insolvencia o iliquidez, con tal de ser acreedor de los beneficios del Estado. En lugar de amortiguar la crisis, esta iniciativa oficial terminará por acelerarla.
Los proyectos tendrían, además, "una calificación que sería otorgada por una universidad". El asesoramiento de la Facultad de Ciencias Económicas para el plan autos terminó en un escándalo por partida doble: por un lado, por los precios exorbitantes que se cobraron por los servicios, y por el otro, porque, el propio trabajo resultó un bochorno profesional al recomendar la entrega de los fondos públicos a un plan que resultó un verdadero fiasco.
Enviar por correo electrónico
Imprimir esta página
