Un hecho criminal que entremezcla atrocidades de los segmentos más profundos del delito (Servicio Penitenciario Bonaerense incluido) con patologías feroces, no sólo promueve un festival macabro en los medios y hace mostrar los colmillos a los promotores de la "mano dura"; además, el asesinato de una pareja y de sus dos hijos (8 y 12 años) ha generado una crisis política y una división interna en el oficialismo provincial de Buenos Aires entre el Ministerio de Seguridad (Carlos Stornelli) y el de Justicia (Ricardo Casal).
En principio, uno de los sospechosos, Angel Fernández Rosales (41), había sido condenado a reclusión en 1991 por violación y homicidio. En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 le concedió un régimen de detención domiciliaria con tobillera electrónica, de las llamadas "herramienta de monitoreo electrónico universal" (HMRU). Como se sabe, un tribunal, o un juez de garantías o de ejecución penal, toma ese tipo de decisiones sobre la base de informes acerca de la conducta y del grado de "rehabilitación" de un recluso. Esos informes los elabora el servicio penitenciario que corresponda y en ese punto se tiene la primera gran aberración.
Esos servicios, probadamente, son organizaciones criminales cuyos informes dependen de cualquier cosa menos de la "buena conducta" o la "rehabilitación" de los internos. Por el contrario, en las cárceles hay que salir a robar por cuenta de los carceleros (o ver y callar), o colaborar con la transa de drogas dentro del penal (o ver y callar), o aceptar la reducción a la servidumbre y hacer favores sexuales.
Si se tratara del grado de "rehabilitación", nadie podría obtener un régimen de libertad restringida o detención especial, porque nadie puede rehabilitarse en esas tumbas infames: las cárceles argentinas son centros de organización del delito. No puede extrañar que un violador y asesino salga de ese antro sólo para volver a violar y a matar.
Crisis de gabinete
Pero hay bastante más en el caso del crimen de la familia Mansilla. Esa tobillera-grillete que tenía Fernández hace sonar una alarma (una señal de localización trasmitida por satélite) apenas su portador se aleja más de 50 metros de una base fijada en su lugar de detención. Pues bien: ese hombre tuvo que alejarse mucho más de 50 metros para asesinar a la pareja y a los chicos. ¿Y la alarma?
Ahora, Stornelli explica: "Hay testigos que nos dicen que Fernández violaba el régimen y salía con frecuencia de su casa" (Clarín, 2/8). Por tanto, no salió por primera vez el día que secuestró a esa familia para luego asesinarla.
De inmediato, el Ministerio de Justicia bonaerense desmintió a Stornelli en un comunicado, según el cual la tobillera en cuestión "no estaba violentada y la caja... no registra salidas o adulteraciones" (ídem). Enseguida, los colaboradores de Stornelli rechazaron el comunicado de sus colegas de Justicia. Scioli ya está ante una crisis de gabinete en ciernes.
Si el HMRU no indica "salidas ni adulteraciones", nos encontramos ante un delito mayor por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la empresa privada que provee los equipos y se encarga del monitoreo, porque la prueba de que las salidas de Fernández se produjeron tienen el peso y la contundencia de los cuatro cadáveres de la familia asesinada. Si el Ministerio de Justicia no puede siquiera tratar de despegarse de un hecho así, de semejante repercusión pública, es porque la inmundicia le llega al cuello.
Pero, además, se tiene la falta asombrosa de profesionalismo y la desidia de la Policía Bonaerense, para no hablar de su corrupción. Ahora se sabe que, 24 horas después del secuestro y cuando la familia Mansilla aún vivía, esa policía recibió la denuncia y fue a la casa del sospechoso. Como no creyeron encontrar nada, simplemente se fueron.
Esta masacre ha pegado en la línea de flotación de todo un sistema tenebroso. Fernández no pudo escaparse de la tobillera sin que se lo permitieran sus guardias. El SPB, con toda seguridad, no le había dado "permiso" para matar a la familia Mansilla: el tipo se les fue de las manos. Pero, en ese caso ¿para qué tenía permiso? ¿Qué clase de "trabajos" hacía Fernández para el Servicio Penitenciario?
Es lo que se debe averiguar, para que la seguridad de la población trabajadora no siga en manos de asesinos seriales.
Alejandro Guerrero
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